Honorable Chad F. Wolf
Secretario Encargado de Seguridad Nacional
Washington, D.C. 20528
email: chad.wolf@hq.dhs.gov
cc: Alex M. Azar, Secretario de Salud y Servicios Sociales Michael R. Pompeo, Secretario de Estado
Asunto: Restaurar las protecciones de asilo para las sobrevivientes de violencia doméstica y otros que buscan asilo durante la pandemia global
Estimado Secretario Encargado Wolf:
Las 182 organizaciones nacionales, estatales y locales abajo firmantes que realizan incidencia a favor de las sobrevivientes de violencia doméstica y asalto sexual, solicitantes de asilo, e inmigrantes y personas apátridas, le hacemos un llamado para que rescinda la política que está retornando a todos los refugiados en nuestras fronteras. Entendemos que la urgencia de la pandemia COVID-19 ha forzado a la administración a tomar acción para reducir la transmisión del virus. No obstante, cerrarles las fronteras a los solicitantes de asilo desconoce los principios de salud pública y las obligaciones no derogables que hemos adquirido a través de tratados internacionales. Manifestamos nuestra profunda preocupación con esta nueva política que pondrá en especial peligro a las sobrevivientes de violencia doméstica y sexual.
Sobrevivientes de violencia doméstica y sus defensores han alzado numerosas voces de alarma en las recientes semanas sobre el peligro creciente que enfrentan las mujeres y niñas abusadas que están en cuarentena en hogares que no son seguros.1 El 5 de abril de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas resaltó el horripilante aumento global en casos de violencia doméstica2 en el contexto de la pandemia global, así como sus devastadores consecuencias económicas y sociales. La línea nacional de Violencia Doméstica ha explicado que cuando la pareja abusiva siente que pierde poder y control, como sucede en los tiempos de crisis, el abuso aumenta en intensidad y frecuencia. Es claro que las medidas de aislamiento, así como las difíciles situaciones económicas y de salud que la pandemia ha traído, ponen en mayor riesgo a las sobrevivientes. Un número de países ya han reportado un aumento en la violencia domestica relacionada con restricciones al movimiento por el COVID-19.3
Mujeres, niños y niñas en muchos países del mundo no tienen la opción de contar con las autoridades locales aun en tiempos normales, y mucho menos ahora durante este periodo de aislamiento social extremo. Como un ejemplo revelador de la respuesta inútil de algunos gobiernos ante la creciente amenaza de la violencia doméstica, oficiales en Malasia recientemente les advirtieron a las mujeres no ser “sarcásticas” o “regañar” a sus esposos durante la cuarentena, y únicamente se disculparon después de recibir críticas de la comunidad internacional.4
La actual crisis del COVID-19 solo aumenta las barreras que enfrentan las sobrevivientes de violencia de género al buscar asilo en los Estados Unidos. En los últimos años, el Departamento de Justicia prácticamente le ha cerrado las puertas a las mujeres que buscan asilo luego de sufrir persecución por parte de sus parejas abusivas. 5 Una serie de políticas ilegales han hecho que el proceso sea más difícil y peligroso que nunca: separando familias, aumentando las detenciones, desacelerando el procesamiento de nuevos casos de asilo en la frontera a través de la práctica conocida como metering (o medición), y forzando a las personas a permanecer en México mientras esperan sus audiencias en las cortes de inmigración bajo los “Protocolos de Protección a Migrantes.” Más recientemente, los Estados Unidos ha eludido aún más sus obligaciones legales con los refugiados al deportar personas a Guatemala bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo, haciendo alarde de la ficción legal que podrán buscar asilo de manera segura allí.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ahora han aludido a la pandemia como justificación para cerrarle las fronteras por completo a los solicitantes de asilo. 6 La posición del DHS es que la travesía de los solicitantes de asilo no es un “viaje esencial”.7 Sin embargo, los solicitantes de asilo no solo tienen razones poderosas para requerir el ingreso al país, sino que su derecho a solicitar protección se encuentra garantizado en las leyes de los Estados unidos, de acuerdo a las obligaciones internacionales adquiridas bajo el Protocolo Sobre el Estatus de Refugiados (1967) y la Convención Contra la Tortura (1984).
Debido a que muchos países actualmente han ordenado cuarentenas y que viajar internacionalmente se ha vuelto extremadamente difícil, es muy poco probable que durante esta pandemia un número grande de mujeres, niños y niñas que sufren de violencia doméstica logren realizar la travesía hasta nuestra frontera sur. Sin embargo, nos preocupa que aquellas que busquen asilo en la frontera sur estén siendo expulsadas rápidamente sin ningún tiempo de procedimientos legales.8
Como una violación flagrante de las leyes de este país, los oficiales fronterizos ni siquiera están indagando porqué personas sin documentación buscan entrar a los Estados Unidos, ni preguntan a los migrantes si temen por sus vidas o integridad en caso de no permitirles el ingreso. En cambio, a los oficiales del DHS se les ha instruido que expulsen a todas las personas inmediatamente a menos que éstas manifiesten de manera espontánea que temen ser torturados. Si un solicitante de asilo expresa de manera espontánea el temor a la tortura, los oficiales fronterizos deben determinar si su temor es “razonablemente creíble”, un estándar legal que no existe en las leyes de inmigración de los Estados Unidos y sobre el cual los oficiales fronterizos no han recibido entrenamiento. Aun si el oficial determina que el temor de la solicitante de asilo es razonablemente creíble deben obtener la aprobación de su supervisor, el agente jefe de la patrulla para su sector. Únicamente después de estos pasos es que se le permite a la solicitante de asilo expresar su temor a la tortura ante un oficial de asilo. Todas las demás personas son devueltas sumariamente. Reportes publicados a comienzos de abril indican que alrededor de 7,000 personas han sido expulsadas de esta manera desde que la política empezó a aplicarse el 20 de marzo de 2020. No existen reportes que indiquen que alguna persona haya logrado convencer a un oficial fronterizo que tiene un temor creíble de ser torturada. Muchas mujeres que arriban a los Estados Unidos a través de la frontera sur huyen de la violencia en sus países de origen, una violencia que ha sido bien documentada. El hecho de que ninguna de estas mujeres haya tenido un "temor razonablemente creíble" desde que comenzaron las expulsiones el mes pasado indica que este nuevo procedimiento en realidad no ofrece excepciones, lo cual es verdaderamente alarmante.
El procedimiento descrito arriba es completamente inadecuado para asegurar que los Estados Unidos cumpla con sus obligaciones bajo la Convención Contra la Tortura, incorporadas en la ley nacional a través de la Ley de Reformas y Restructuración de la Relaciones Internacionales (1998). El procedimiento también desconoce completamente las obligaciones contenidas en el Protocolo de Refugiados, el cual fue incluido en la ley nacional a través de la Ley de Refugiados (1980), puesto que no incluye ninguna medida para determinar si una solicitante de asilo teme a la persecución aun cuando exprese dicho temor de manera espontánea. Las protecciones bajo la Convención Contra la Tortura y el Protocolo de Refugiados contienen diferentes definiciones legales y grados probatorios. Aun si el DHS estuviera evaluando adecuadamente las declaraciones de personas que temen ser torturadas, esto sería insuficiente para proteger a aquellas que temen a la persecución. Notamos que los miembros del partido demócrata de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado le escribieron el 7 de abril de 2020 resaltando un número de dudas relacionadas con la justificación legal para cerrarle la frontera a los solicitantes de asilo, y cuestionando dichas acciones bajo la luz de las obligaciones adquiridas por los Estados Unidos a través de tratados internacionales. 9 Dichas preocupaciones fueron resaltadas también por los presidentes de las Comisiones de Relaciones Internacionales, Seguridad Nacional, y Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes.10 Le urgimos que responda de manera total y completa a las consultas enviadas por estos legisladores.
Una preocupación adicional es que los niños y niñas que viajan sin compañía deberían beneficiarse de las disposiciones contenidas en la Ley para las Víctimas de Trata de Personas y se supone que deberían estar exentos de la nueva política que excluye a los solicitantes de asilo. No obstante, existen reportes creíbles que indican que ellos también están siendo expulsados, lo que provocó que líderes en el congreso le pidieran detener dicha práctica de manera inmediata.11 Le solicitamos que responda de manera oportuna a dichas solicitudes.
Como mencionamos anteriormente, apoyamos de manera total la adopción de todas las medidas necesarias para reducir la transmisión del COVID-19. Sin embargo, las restricciones en la frontera pueden ser manejadas de manera que se protejan tanto la salud pública como los derechos humanos y estándares para la protección de refugiados, incluyendo el derecho de no devolución. Tanto la Organización Mundial para la Salud (OMS) como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han recalcado que los gobiernos pueden establecer medidas específicas, razonables y proporcionales, como la detección o las limitaciones temporales de movimiento, para proteger tanto a sus propias poblaciones como a las personas que solicitan asilo.12
A la luz de la orientación brindada por la OMS y el ACNUR, nos preocupa de manera particular que se omita mencionar a los solicitantes de asilo en las nuevas restricciones de viaje del DHS, 13 y en la Orden14 y Regla Final Interina15 de los CDC. Esta omisión es espantosa ya que, como se mencionó anteriormente, el gobierno se ha enfocado intensamente en el tema del asilo en la frontera sur durante los últimos años. El hecho de no mencionar a los solicitantes de asilo, y mucho menos tener en cuenta sus derechos legales, es profundamente desconcertante ya que la Regla Final Interina de los CDC afirma que “al emitir ordenes de conformidad con esta regla final interina, los CDC coordinarán con el Secretario de Estado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y para tener debidamente en cuenta los intereses nacionales y de seguridad de los EE. UU.” 16 (cita traducida al español). No hay indicios de dicha coordinación con el Secretario de Estado. Similarmente, las acciones tomadas por el DHS y los CDC no intentan cumplir con las obligaciones legales internacionales de los Estados Unidos.
La Orden de los CDC carece de cualquier análisis que permita reconciliar las necesidades de salud pública con las obligaciones de los Estados Unidos con los solicitantes de asilo, dependiendo en cambio de la información acerca de la situación en la frontera proporcionada por el DHS. Desafortunadamente, dicha información es insuficiente o incorrecta de múltiples maneras.17 Especialmente, es preocupante que los CDC asuman que la mayoría de los solicitantes de asilo necesariamente deban ser enviados a centros de detención si se les permite el ingreso a los Estados Unidos. La realidad es que el 90% de los solicitantes de asilo que se presentan en la frontera sur tienen familia o amigos cercanos en este país.18
Sabemos que el aislamiento necesario para frenar la propagación de esta pandemia dará como resultado que innumerables más mujeres, niñas y niños sufran violencia doméstica. También somos conscientes que, si no implementamos precauciones razonables en la frontera para proteger tanto la salud la salud pública como a los refugiados, y en cambio continuamos cerrándole las puertas a los más vulnerables, le fallaremos a quienes acuden a nosotros para recibir protección, incumpliremos nuestras obligaciones nacionales e internacionales, y desconoceremos nuestras propias tradiciones. Le urgimos que rescinda esta desastrosa política y la remplace con medidas específicas, razonables y proporcionales para proteger la salud pública y garantizar que las mujeres y los niños y niñas que huyen de la violencia doméstica, y otros refugiados, no sean retornados al peligro del que huyeron.
Si tiene alguna duda o inquietud, por favor contacte Kate Jastram, Directora de Políticas Públicas e Incidencia del Centro de Estudios de Género y Refugiados, jastramkate@uchastings.edu.
Respetuosamente,
Asian Pacific Institute on Gender-Based Violence ASISTA Center for Gender & Refugee Studies Tahirih Justice Center ADL (Anti-Defamation League) Advocating Opportunity African Human Rights Coalition (African HRC) African Public Affairs Committee African Services Committee Al Otro Lado Alianza Americas America’s Voice Americans for Immigrant Justice Arab Resource and Organizing Center (AROC) Arizona Coalition to End Sexual and Domestic Violence Association of Deportation Defense Attorneys Asylum Access Asylum Seeker Advocacy Project Asylum Sponsorship Project (ASP) Bay Area Asylum Support Coalition Bay Area Resource Generation California Partnership to End Domestic Violence Canal Alliance Capital Area Immigrants’ Rights (CAIR) Coalition Catholic Charities of Orange County Catholic Charities of San Francisco Catholic Legal Services, Archdiocese of Miami Center for Human Rights & Constitutional Law Center for Justice and International Law (CEJIL) Center for Victims of Torture Central American Resource Center (CARECEN) Los Angeles Central American Resource Center (CARECEN) San Francisco Centro Legal de la Raza Christian Community Development Association Church World Service Columbia Law School Immigrants’ Rights Clinic Community Legal Services in East Palo Alto Congregation of Our Lady of the Good Shepherd, U.S. Provinces Connecticut Shoreline Indivisible CRCNA Safe Church Ministry DC Coalition Against Domestic Violence DC Volunteer Lawyers Project Denver Justice and Peace Committee Domestic Violence/Sexual Assault Program at Newton-Wellesley Hospital East Bay Sanctuary Covenant Equal Access Legal Services Esperanza Immigrant Rights Project Evangelical Lutheran Church in America Family Violence Appellate Project (CA) Freedom Network USA Futures Without Violence Global Woman P.E.A.C.E. Foundation Haitian Bridge Alliance Hand in Hand: The Domestic Employers Network Her Justice HIAS Hispanic Federation Hope Border Institute Human Rights First Human Rights Initiative of North Texas Human Rights Watch Immigrant Allies of Marshalltown (Iowa) Immigrant Defenders Law Center Immigrant Defense Advocates Immigrant Family Legal Services Immigration Center for Women and Children Immigration Institute of the Bay Area Indivisible San Francisco International Action Network for Gender Equity & Law International Refugee Assistance Project International Rescue Committee Iowa Coalition Against Domestic Violence Jenesse Center, Inc. Jewish Council for Public Affairs Jewish Women International Just Neighbors Justice and Immigration Clinic, University of La Verne College of Law Justice for Our Neighbors Houston Justice in Motion Kansas Coalition Against Sexual and Domestic Violence Kehilla Community Synagogue Kentucky Coalition for Immigrant and Refugee Rights Khmer Anti-deportation Advocacy Group (KhAAG) Kids in Need of Defense La Raza Centro Legal – San Francisco Las Americas Immigrant Advocacy Center Last Mile4D Latin America Working Group (LAWG) Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area Legal Aid Society of Metropolitan Family Services Legal Momentum, the Women’s Legal Defense and Education Fund Legal Services for Children Los Angeles Center for Law and Justice Lutheran Social Services of New York MADRE Maine Coalition to End Domestic Violence Make the Road New Jersey Migrant and Immigrant Community Action Project Migration Alliance at Yale (MAY), formerly Yale Refugee Project Mississippi Immigrants Rights Alliance Mujeres Unidas y Activas National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd National Coalition Against Domestic Violence National Council of Asian Pacific Americans (NCAPA) National Immigrant Justice Center National Immigration Law Center National Justice for Our Neighbors National Lawyers Guild Bay Area Chapter National Network for Immigrant & Refugee Rights National Network to End Domestic Violence National Organization for Women National Resource Center on Domestic Violence Nebraska Coalition to End Sexual and Domestic Violence Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) New Hampshire-Vermont Guatemala Accompaniment Project New Jersey Coalition to End Domestic Violence New York State Coalition Against Domestic Violence Nicaragua Center for Community Action Northern Illinois Justice for Our Neighbors Office of Social Justice, Christian Reformed Church in North America Ohio Domestic Violence Network Ohio Immigrant Alliance Open Immigration Legal Services Oxfam America Peace Over Violence Physicians for Human Rights Project Blueprint Promundo-US Public Counsel Queer Detainee Empowerment Project Quinnipiac University School of Law Clinic Quixote Center Rian Immigrant Center Safe Horizon San Antonio Region Justice for Our Neighbors Sanctuary for Families Santa Clara University International Human Rights Clinic Santa Fe Dreamers Project Save the Children Action Network Seattle University School of Law Gender Violence Immigration Clinic Services, Immigrant Rights & Education Network (SIREN) Sojourners Solidarity South Texas Human Rights Center Southeast Asia Resource Action Center (SEARAC) Southern Border Communities Coalition Southern Poverty Law Center Southwestern Law School Removal Defense Clinic & Pro Bono Removal Defense Stand Together Contra Costa Street Level Health Project Sueños Sin Fronteras de Tejas (SSFTX) Tennessee Justice for Our Neighbors The Advocates for Human Rights The Black Alliance for Just Immigration (BAJI) The Door The Florence Immigrant & Refugee Rights Project The Human Trafficking Legal Center The Legal Aid Society (New York) The Legal Project The NW Network of Bisexual, Trans, Lesbian, and Gay Survivors of Abuse The Second Step The Welcome Project UCSF Human Rights Cooperative Ujima Inc: The National Center on Violence Against Women in the Black Community Union for Reform Judaism Unitarian Universalist Church of Arlington, VA Unitarian Universalist Service Committee United Stateless United We Dream University of Tulsa College of Law Legal Clinic Urban Justice Center Domestic Violence Project V-Day Vida Legal Assistance Inc. Voice of Witness Washington Defender Association Washington Office on Latin America (WOLA) Washington State Coalition Against Domestic Violence We Are All America Witness at the Border Women Graduates USA Women’s Refugee Commission Young Democrats of America Hispanic Caucus
1. Amanda Taub, Una nueva crisis de la COVID-19: aumenta la violencia doméstica a nivel mundial, New York Times, 6 de abril de 2020; Emma Graham-Harrison, Angela Giuffrida, Helena Smith and Liz Ford, El confinamiento aumenta los actos de violencia doméstica, The Guardian, 28 de marzo de 2020. Ver también Tahirih Justice Center, The Impact of COVID-19 on Immigrant Survivors of Gender-Based Violence, 23 de marzo de 2020.
2. Edith M. Lederer, Jefe ONU denuncia un aumento de la violencia doméstica, AP, 5 de abril de 2020.
3. Dichos países incluyen a El Salvador (casos de violencia doméstica aumentan en un 70% en marzo), ver Adriana Flores and Alejandra García, Violencia doméstica ha aumentado un 70% durante la cuarentena, elsalvador.com, 3 de abril de 2020; y México (un aumento del 60% en las llamadas reportando violencia doméstica desde la
implementación de las medidas para contener el virus), ver Almudena Barragán and Darinka Rodríguez, Las llamadas por violencia de género en México aumentan 60% durante la cuarentena, Verne en El País, 3 de abril de 2020.
4. EFE Bangkok, Malasia se disculpa por aconsejar a las mujeres maquillarse y no molestar a sus maridos durante el confinamiento, El Mundo, 1 de abril de 2020.
5. Matter of A-B-, 27 I&N Dec. 316 (A.G. 2018).
6. Order Suspending Introduction of Persons From a Country Where a Communicable Disease Exists, 85 Fed. Reg. 16567 (24 de marzo de 2020).
7. Notification of Temporary Travel Restrictions Applicable to Land Ports of Entry and Ferries Service Between the United States and Mexico, 85 Fed. Reg. 16547 (24 de marzo de 2020).
8. BBC, Coronavirus: cómo la covid-19 facilita la expulsión de EE.UU. de migrantes indocumentados hacia México y Centroamérica, 11 de abril de 2020.
9. Leahy Leads Judiciary Committee Democrats in Demanding Answers About DHS’ Newly Claimed Authorities to Override Federal Laws at Southern Border, 7 de abril de 2020.
10. Engle, Thompson, Nadler Statement on Trump Administration’s Suspension of Asylum Processing, 10 de abril de 2020.
11. Feinstein, Nadler, Durbin, and Lofgren, Letter to DHS regarding reports that unaccompanied children are being removed to countries where they fear violence, 30 de marzo de 2020; ver también, DeLauro, Murray Urge Trump Administration to Ensure Unaccompanied Minors are Properly Cared for During COVID-19 Pandemic, 2 de abril 2020.
12. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Organización Internacional para las Migraciones, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y Organización Mundial para la Salud, Comunicado de prensa conjunto: Los derechos y la salud de las personas refugiadas, migrantes y apátridas deben protegerse en la respuesta al COVID-19, 31 de marzo de 2020; ACNUR, Consideraciones jurídicas sobre el acceso al territorio para las personas en necesidad de protección internacional en el contexto de la respuesta frente al COVID-19, 16 de marzo de 2020.
13. Notification of Temporary Travel Restrictions Applicable to Land Ports of Entry and Ferries Service Between the United States and Mexico, 85 Fed. Reg. 16547 (24 de marzo de 2020).
14. Order Suspending Introduction of Persons From a Country Where a Communicable Disease Exists, 85 Fed. Reg. 16567 (24 de marzo de 2020).
15. Control of Communicable Diseases; Foreign Quarantine: Suspension of Introduction of Persons Into United States From Designated Foreign Countries or Places for Public Health Purposes, 85 Fed. Reg. 16559 (24 de marzo de 2020).
16. Ibid. p. 12.