A finales de mayo de 2025, la administración Trump estableció una cuota arbitraria de 3.000 personas al día para llevar a cabo su programa de deportaciones masivas. Poco después, en un patrón de redadas migratorias ilegales y altamente coordinadas, se desplegó en todo el sur de California. Agentes —a menudo conduciendo vehículos sin identificación, con mascarillas y negándose a identificarse— abordaron a personas en sus domicilios, espacios públicos, lugares de trabajo o cerca de juzgados y las detuvieron, a veces con violencia, en el acto, y muchas veces sin orden judicial.

Incluso personas que estaban en proceso migratorio y cumplían con la ley, ciudadanos estadounidenses y personas con estatus legal, fueron interceptadas, interrogadas y detenidas. Esta campaña masiva de control ha trastornado a familias, traumatizado a comunidades y socavado el estado de derecho. El gobierno no ha ofrecido ninguna justificación más allá de vagas declaraciones de seguridad y se ha negado a revelar pruebas de que sus acciones están justificadas por la ley.

¿Lo que está sucediendo?

Estamos contraatacando.

El 2 de julio de 2025, cinco trabajadores individuales, así como tres organizaciones de membresía y un proveedor de servicios legales (The Los Angeles Worker Center Network, United Farm Workers (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Immigrant Defenders Law Center) presentaron una demanda, Vasquez-Perdomo v. Noem, que alega que el DHS ha arrestado y detenido inconstitucionalmente a personas para cumplir con las cuotas arbitrarias de arrestos establecidas por la administración Trump, todo mientras les niega el acceso a asesoría legal.

El Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, junto con la Fundación ACLU del Sur de California, Public Counsel, el Bufete Jurídico de Stacy Tolchin, la Clínica de Solidaridad para la Justicia Racial e Inmigrante de la Facultad de Derecho de UC Irvine, la Red Nacional de Jornaleros, las Fundaciones ACLU del Norte de California y los Condados de San Diego e Imperial, Hecker Fink LLP, Martinez Aguilasocho Law, Inc. y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) representan a los demandantes. La demanda afirma que las agencias de inmigración violaron la Cuarta y la Quinta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos al detener ilegalmente a personas por motivos de raza y realizar arrestos sin orden judicial ni evaluación individualizada del riesgo de fuga, causa probable ni debido proceso, y luego negarles el acceso a un abogado.

Los demandantes nombrados incluyen inmigrantes que fueron detenidos injustamente y sometidos a discriminación racial. Sus historias reflejan una crisis más amplia de extralimitación gubernamental y violaciones constitucionales. Este caso busca no solo detener estas prácticas ilegales, sino también afirmar los principios fundamentales de nuestra democracia: que nadie está por encima de la Constitución, que todas las personas deben tener acceso a un abogado y que nadie debe ser objeto de discriminación por su apariencia, su idioma o su lugar de trabajo.