Mucha gente desconoce que una condena por un delito menor, como hurto, hurto en tiendas o posesión no violenta de drogas, puede dar lugar a una orden de deportación, incluso para residentes permanentes legales (LPR). Estas personas pueden haber tenido estatus migratorio en Estados Unidos durante años, tener familias, hijos de ciudadanos estadounidenses, y tal vez no recuerden su país de nacimiento. Una condena penal menor, que puede no tener consecuencias a largo plazo para un ciudadano estadounidense, puede convertirse en cadena perpetua para alguien que solo tiene residencia legal.

Dependiendo de la condena, los jueces de inmigración podrían no tener la discreción de otorgar un alivio de la deportación, independientemente de las circunstancias atenuantes del caso, incluyendo en muchos casos condenas por delitos menores. Para los residentes permanentes legales cuyas condenas los inhabilitan para cualquier alivio migratorio de la deportación, anular la condena penal podría ser su única oportunidad de permanecer en Estados Unidos.

Si bien la Legislatura de California aprobó la sección 1473.7 del Código Penal en 2017, permitiendo que más personas soliciten amparo postcondena, aún persisten importantes obstáculos. El equipo de PCR de ImmDef considera cada caso como una oportunidad para defender y promover los derechos de los extranjeros que transitan el proceso migratorio. Con ese fin, buscamos y aprovechamos oportunidades para perfeccionar, aclarar y ampliar la ley, como demostramos recientemente en el caso Pueblo v. Manzanilla, donde un Tribunal de Apelaciones de California emitió una decisión publicada que aclara cuestiones legales clave que afectan a los extranjeros que buscan anular condenas adversas a la inmigración.